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Las personas con discapacidad son
uno de los grupos sociales más direc-
tamente concernidos por lo que se
haga en esta materia; que no debe
ligarse ni enfocarse unilateral y exclusi-
vamente desde la perspectiva del enve-
jecimiento de la población o de las
personas mayores.
ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
La atención a la “dependencia” es una
expresión más de las políticas sociales y
del sistema de protección social, por lo
que ha de incardinarse equilibrada y
armónicamente en el Sistema de Seguri-
dad Social, a través de los dispositivos ya
existentes de:
• Prestaciones Económicas.
• Prestaciones Sanitarias.
• Prestaciones de Servicios Sociales.
La política de protección social, a su
vez, ha de estar en relación con el resto
de políticas, que deben tender a favore-
cer la plena participación, la autonomía y
la vida independiente de todas las perso-
nas, incluidas las personas con discapaci-
dad y las personas mayores.
Las situaciones de dependencia en
amplios grupos de población no están
originadas únicamente por la concu-
rrencia de una deficiencia que a su vez
genera una discapacidad, que impide a
la persona atender por sí misma a los
actos esenciales de su vida diaria; los
entornos, las actitudes, los procesos
–si no están concebidos en clave de
accesibilidad universal, diseño para
todos, fomento de la plena participa-
ción y de la vida lo más independiente
posible– contribuyen decisivamente a
producir personas en situación de
dependencia o a hacer más severos los
grados de dependencia debidos a una
deficiencia.
Desde esta perspectiva, las políticas
activas de inclusión, las políticas de salud estas situaciones no pueden reducirse a
y de servicios sociales, deben estar
orientadas a prevenir o atenuar los efec-
tos de las situaciones de hecho que
generan dependencia en determinados
grupos de personas.
Por ejemplo, las políticas de salud, en hacer accesibles los entornos de las
España, tienden más al tratamiento de la
enfermedad o de la patología, que a la
prevención; más a la intervención de
choque puramente sanitaria que al man-
tenimiento, la rehabilitación y la recupe-
ración, en su caso. Las políticas de ser-
vicios sociales no son todavía lo sufi-
cientemente activas y activadoras por
lo que a veces generan actitudes de
pasividad y por tanto espirales de
dependencia.
SISTEMA UNIVERSAL
Las personas en situación de depen-
dencia son personas especialmente vul-
nerables respecto del respeto y la pro-
tección de los derechos de los que es
titular cualquier persona. Está compro-
bado que las personas en situación de
dependencia institucionalizadas corren
más riesgo de ver violados sus dere-
chos humanos. Ésta es una materia
especialmente sensible a la que habrá
que prestar una atención preferente,
pues dependencia no puede significar
nunca indefensión o vulneración de
derechos. La regulación de esta reali-
dad debe venir acompañada de una
regulación de los derechos de las per-
sonas en situación de dependencia,
especialmente, de aquéllas que estén
institucionalizadas, con mecanismos de
protección prontos y eficaces.
A juicio del sector de la discapacidad, poco el núcleo duro de la atención a la
el sistema para la autonomía personal
que se establezca en España, deberá ser
un sistema de base pública, de carácter
universal, y de derechos exigibles y con
unos mínimos iguales (equidad territo-
rial) para todos los territorios del Esta-
do. A partir de ahí, podrán arbitrarse
fórmulas complementarias privadas o
decidirse acerca de cuál es el mejor sis-
tema de gestión (público, mixto, papel de
la iniciativa social, etc.).
Los contenidos de la atención a
fórmulas de cuño tradicional, sino que
deben incorporar prestaciones y apo-
yos innovadores, como las ayudas técni-
cas o las tecnologías de apoyo, los asis-
tentes personales, y las ayudas para
personas en situación de dependencia.
Estas prestaciones deben poner el
acento en favorecer la autonomía y el
mayor grado de vida independiente de
la persona.
Los efectos en materia de genera-
ción de empleo y mejora de la cualifi-
cación y de la empleabilidad de impor-
tantes grupos de personas que pueda
determinar la regulación de la depen-
dencia en España deben apreciarse en
las propias personas con discapacidad,
como medio de inserción profesional,
ya que éstas sufren tasas de inactividad
y desempleo muy superiores a los de la
población general. Para estas personas,
la regulación de la atención a la depen-
dencia debe ser una oportunidad en
términos de empleo y participación
económica.
CONSENSO SOCIAL Y POLÍTICO
Se ha de establecer un dispositivo ágil
y fiable de indicadores de calidad de los
procesos y servicios, que midan el grado
de eficacia, eficiencia y grado de satisfac-
ción del futuro sistema de atención a la
dependencia.
Las familias desempeñan una función
esencial en la garantía de unos mínimos
de bienestar y cohesión social en nues-
tras comunidades, siendo hasta hace muy
dependencia. Ha de reforzarse la posi-
ción de las familias con una política fami-
liar intensa de la que hemos carecido en
buena medida.
El sistema que se establezca ha de ser
un sistema abierto y participativo en
cuya dirección y gestión se tenga pre-
sente a las organizaciones de personas
con discapacidad y de mayores.
La regulación de la atención a las
necesidades generalizadas de apoyo ha
de basarse en una gran Pacto de Esta-
do, fruto del consenso social y político,
suscrito por todas las instancias intere-
sadas: (Administraciones Públicas, par-
tidos políticos, agentes sociales, organi-
zaciones de personas con discapacidad
y sus familias, organizaciones de mayo-
res, etc.).
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