Page 84 - Revista Autonomía Personal. Número 12, abril de 2014

Repor
taje
De hecho, podría decirse que hay una mayor concien-
ciación social sobre la necesidad de intervenir con aquellas
mujeres que han adquirido una discapacidad como conse-
cuencia de un acto de violencia, pero no tanto con las que
sufren esa violencia precisamente por el hecho de ser una
mujer con discapacidad, cuya situación sigue permanecien-
do invisible”, manifiesta Leonor Pérez Lucas.
Ante este “panorama desolador”, insiste la representan-
te del Observatorio de Igualdad de Oportunidades de la
ONCE y su Fundación, también resulta “imprescindible
que las organizaciones de personas con discapacidad tomen
las medidas necesarias para desarrollar iniciativas que anali-
cen la situación de las mujeres y niñas con discapacidad en
relación con la violencia, proponiendo acciones concretas
para su prevención y atención adecuadas”.
De hecho, como parte de su compromiso con la igual-
dad y la erradicación de la violencia, el Observatorio de
Igualdad de Oportunidades de la ONCE y su Fundación
incluyó en su plan de actuación para el periodo 2011-2015
un área específica de intervención para abordar la violencia
de género dirigida a las mujeres con deficiencia visual y
ciegas.
TIRÓN DE OREJAS
No tienen la misma suerte mujeres víctimas de violencia
con otros tipos de discapacidad. De hecho, Peláez critica que
solo en los últimos años las asociaciones de personas con dis- dar sus situaciones personales y dotarlas de respuestas
capacidad han comenzado a atender la violencia de género
para sus afiliados y afiliadas. Y considera que es “imprescin- puedan desplegarlas y logren, como muchas mujeres
dible” porque “son personas que viven una situación global
y su discapacidad forma parte de todos los ámbitos de la vida
de la persona”.
En este sentido, metafóricamente, la comisionada de
Género del Cermi Estatal dice que hay que darles “un tirón
de orejas importante a estas asociaciones de personas con
discapacidad” porque, a su criterio, “tenemos que cambiar
la forma de tratar el tema de la violencia de género desde el
propio sector de la discapacidad”. “Estamos apenas empe-
zando y queda muchísimo por hacer”, siente Peláez.
“No encontramos respuestas adecuadas e individuales
para cada mujer con discapacidad que sufre violencia de
género”, asegura Peláez, quien añade que “hay muchas
mujeres con discapacidad que además de estar sufriendo
violencia se les echa en cara que no tienen un trabajo, que
son una carga y al final se sienten tan confundidas que
terminan creyendo, y pasa en muchos más casos de los que
nos creemos, que, efectivamente, lo que están recibiendo es
lo que se merecen porque son una carga”.
“Pero es más, las organizaciones de mujeres no nos inclu-
yen. ¿Cómo es posible? Tenemos que participar, abrirnos
hueco y también en las administraciones públicas. Si con
dinero público se está financiando programas de erradica-
ción de la violencia de género, esos programas sí o sí tienen
que considerar siempre la discapacidad, porque si no, no
merecen esos apoyos económicos de las administraciones
públicas”, reivindica Peláez.
84 utonomía
Para atender estas diferentes necesidades de las mujeres
con discapacidad, propone la comisionada de Género del
Cermi, “se tendrá que considerar, por una parte, la disca-
pacidad en las mujeres que, como consecuencia de un acto
de violencia la tienen y definir, por tanto, qué medidas se
precisarían para ese sector”.
Y por otra, considerando en sí la población de mujeres
con discapacidad que sufren violencia de género, habrá que
“afrontar sus necesidades para formar parte de todo el pro-
ceso de prevención de la violencia, atención y recuperación
de las víctimas”.
Para ello, Peláez asegura que hay que “concienciar y
no sensibilizar” porque, defiende con vehemencia, “no se
puede hablar de sensibilización y repetir hasta la saciedad:
¡Vamos a sensibilizar! ¡Hagamos campañas de sensibili-
zación! Pero, ¿qué sensibilización? ¡Es concienciación!”,
arremete. “Tenemos que concienciar de que la violencia es
una lacra para todos, que tiene unas consecuencias terribles
especialmente en poblaciones olvidadas e invisibles como
son, en este caso, las mujeres con discapacidad”.
“A la primera señal de maltrato... vuela”. Las alas
para estas mujeres con discapacidad víctimas de vio-
lencia de género no crecen solo con su propio deseo,
sino con el compromiso de las asociaciones con disca-
pacidad, las entidades públicas, incluso las privadas, el
Tercer Sector y toda la sociedad, que tienen que abor-
adecuadas e individuales, de alas para que también ellas
sin discapacidad víctimas de violencia, superar su baja
autoestima, sus sentimientos de culpa y vergüenza, los
efectos de traumas y trastornos por estrés postraumá-
ticos, problemas de adicción, falta de confianza en sí
mismas, pensamientos de suicidio y tantas otras conse-
cuencias provocadas por vivir actos de violencia.
España, sin excusas, como Estado que ha firmado la
Convención de la ONU sobre discapacidad, está obliga-
do a cumplir su artículo 16 y, por tanto, poner medidas
para la recuperación física, cognitiva y psicológica, la
rehabilitación y la reintegración social de las personas
con discapacidad que sean víctimas de cualquier forma
de explotación, violencia o abuso.
Ana Peláez: “Tenemo
que la violencia es un
que tiene unas conse
especialmente en mu