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TRIBUNA DE OPINIÓN
SISTEMA UNIVERSAL
Las personas en situación de
dependencia son personas es-
pecialmente vulnerables res-
pecto del respeto y la protec-
ción de los derechos de los que
es titular cualquier persona.
Está comprobado que las per-
sonas en situación de depen-
dencia institucionalizadas co-
rren más riesgo de ver violados
sus derechos humanos.
Ésta es una materia espe-
cialmente sensible a la que ha-
brá que prestar una atención
preferente, pues dependencia
no puede significar nunca in-
defensión o vulneración de de-
rechos.
La regulación de esta reali-
dad debe venir acompañada
de una regulación de los dere-
chos de las personas en situa-
ción de dependencia, espe-
cialmente, de aquéllas que es-
tén institucionalizadas, con
mecanismos de protección
prontos y eficaces.
A juicio del sector de la dis- sonas con discapacidad, como
capacidad, el sistema para la
autonomía personal que se es-
tablezca en España, deberá ser
un sistema de base pública, de
carácter universal, y de dere-
chos exigibles y con unos míni-
mos iguales (equidad territo-
rial) para todos los territorios
del Estado. A partir de ahí, po-
94 Sesenta y más
drán arbitrarse fórmulas com-
plementarias privadas o deci-
dirse acerca de cuál es el me-
jor sistema de gestión (público,
mixto, papel de la iniciativa so- dores de calidad de los proce-
cial, etc.).
Los contenidos de la aten-
ción a estas situaciones no
pueden reducirse a fórmulas de
cuño tradicional, sino que de-
ben incorporar prestaciones y
apoyos innovadores, como las
ayudas técnicas o las tecnolo-
gías de apoyo, los asistentes
personales, y las ayudas para
hacer accesibles los entornos
de las personas en situación de
dependencia. Estas prestacio-
nes deben poner el acento en
favorecer la autonomía y el ma-
yor grado de vida independien-
te de la persona.
Los efectos en materia de
generación de empleo y mejo-
ra de la cualificación y de la
empleabilidad de importantes
grupos de personas que pueda
determinar la regulación de la
dependencia en España deben
apreciarse en las propias per-
medio de inserción profesio-
nal, ya que éstas sufren tasas
de inactividad y desempleo
muy superiores a los de la po-
blación general. Para estas
personas, la regulación de la
atención a la dependencia de-
be ser una oportunidad en tér-
minos de empleo y participa-
ción económica.
CONSENSO SOCIAL Y POLITICO
Se ha de establecer un dis-
positivo ágil y fiable de indica-
sos y servicios, que midan el
grado de eficacia, eficiencia y
grado de satisfacción del futu-
ro sistema de atención a la de-
pendencia.
Las familias desempeñan una
función esencial en la garantía
de unos mínimos de bienestar y
cohesión social en nuestras co-
munidades, siendo hasta hace
muy poco el núcleo duro de la
atención a la dependencia. Ha
de reforzarse la posición de las
familias con una política fami-
liar intensa de la que hemos ca-
recido en buena medida. El sis-
tema que se establezca ha de
ser un sistema abierto y partici-
pativo en cuya dirección y ges-
tión se tenga presente a las or-
ganizaciones de personas con
discapacidad y de mayores.
La regulación de la aten-
ción a las necesidades gene-
ralizadas de apoyo ha de ba-
sarse en una gran Pacto de
Estado, fruto del consenso
social y político, suscrito por
todas las instancias interesa-
das: (Administraciones Públi-
cas, partidos políticos, agen-
tes sociales, organizaciones
de personas con discapacidad
y sus familias, organizaciones
de mayores, etc.).