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Tribuna de opinión
EMPRESARIOS Y
LEY DE DEPENDENCIA
Pilar Iglesias
Miembro del Departamento de Relaciones Laborales de CEOE
P ara acercarnos
correctamente al
análisis y al debate señaladas. Pero, una serie de cir-
sobre la protec-
ción social de la
situación de
dependencia, se debe partir de
una definición aceptada y genera-
lizada del término “dependencia”.
En este sentido hay que recordar
que el Consejo de Europa, en
1998 acuñó lo siguiente: “Es
dependiente la persona que por
razones ligadas a la falta o a la
pérdida de capacidad física, psíqui-
ca o intelectual, tiene necesidad
de una asistencia y/o ayuda
importante para la realización de
las actividades de la vida diaria”.
Se trata de un concepto amplio
en el que tendrían cabida desde
una persona convaleciente de
enfermedad o accidente, una per-
sona con discapacidades físicas o
psíquicas, hasta una persona de
edad avanzada que no puede
valerse por sí misma.
Nuestro sistema de protección
social ya contempla un conjunto de
96 MinusVal
prestaciones destinadas a la aten-
ción de los asuntos de dependencia
cunstancias socio-demográficas,
fundamentalmente, parecen apun-
tar a que determinadas necesidades
de protección se verán incrementa-
das a medio y largo plazo.
¿A qué se refieren esas circuns-
tancias?. Sin ánimo de ser exhaus-
tivo citaré como ejemplos, el
envejecimiento de la población y
los cambios en la pirámide de
población. Recordemos que alre-
dedor del 80% de las situaciones
de dependencia se producen
entre los mayores de 65 años.
Para el año 2026, las proyeccio-
nes demográficas estiman una
población mayor de 65 años en
torno a 8,6 millones de personas,
(con un crecimiento global entre
el 2001-2026 del 36,2%). Las esti-
maciones sobre el número de
personas dependientes nos dan
una cifra en esa fecha cercana a
1,5 millones. Por su parte, los cui- financiación de servicios de aten-
dados “formales” integrados por
el conjunto de servicios provistos
por entidades y organizaciones,
tanto públicas como privadas, con
y sin ánimo de lucro, y por perso-
nas que trabajan por su cuenta, de
manera remunerada para cubrir
las necesidades de los mayores
dependientes, en su hogar o en
otro ámbito, atienden aproxima-
damente a un porcentaje en torno
al 27% de las necesidades.
La oferta formal de cuidados se
integra fundamentalmente por los
servicios de ayuda a domicilio, tele-
asistencia, plazas de estancia diurna
y centros residenciales, de provi-
sión pública y privada. Esta oferta
formal presenta algunas caracterís-
ticas como las diferencias en las
condiciones de acceso a los servi-
cios, en los diferentes servicios que
se prestan en las Comunidades
Autónomas, la inadecuación en
estructura y tamaño de algunos de
estos servicios a la demanda exis-
tente, la participación mayoritaria
de las Entidades Locales en la
ción domiciliaria, etc.,...