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Proyectos Riicotec
Maldonado, de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe, Cepal, y
Pilar Contreras, de Help Age, así como
Jesús Martínez, presidente del Conaipd,
Juan Meléndez, de la Secretaría Técnica
de la Presidencia de la República, y José
Rodolfo Castillo, de la Superintendencia
del Sistema Financiero.
Tras las distintas exposiciones, debates y
puestas en común, que, entre otras cues-
enlace en red 30 tiones, trataron acerca de las prácticas de dad en edad escolar gocen de una educa-
previsión social en España, de la mano de
Enrique de Martín, y América Latina, se
aportó una propuesta “para disminuir la
brecha de la inequidad existente y que los
sistemas contributivos y no contributivos,
además de ser eficientes y autosostenibles,
incluyan a la población en situación de ex- En paralelo, la hoja de ruta de esta pro-
clusión”, planteada desde la perspectiva
que proporcionan las especificidades y de-
rechos de las personas con discapacidad.
Propuesta y hoja de ruta
La nota conceptual dimanante del con-
greso establece como objetivo marco el
de “garantizar a las personas con disca-
pacidad de El Salvador, el derecho a la
seguridad social, potenciando su partici-
pación en el empleo formal e incluyendo
y ampliando la cobertura de la protección
social universal. Otros de los objetivos
que recoge son: establecer la visibilidad
estadística y de caracterización de las
personas con discapacidad; crear los me-
canismos de su registro y concertar el
instrumento unificado de evaluación y
certificación de la discapacidad; fortale-
cer los mecanismos de diálogo entre las
distintas entidades del Estado y las per-
sonas con discapacidad y el monitoreo de
los programas sociales para que coadyu-
ven a la calidad de vida de estas perso-
nas; ampliar la pensión básica universal y
los programas del sistema de protección
social universal y generar acciones urgen-
tes para que las personas con discapaci-
Enrique de Martín Sánchez-Patón durante la exposición sobre prácticas de previsión social en España.
ción inclusiva y de calidad, las que están
en edad productiva tengan empleos dig-
nos y las que necesitan apoyo sean in-
cluidas en las acciones y programas de
protección social universal.
puesta persigue fundamentalmente el
logro de “un piso básico universal para
las personas con discapacidad”. Para
ello, se plantea la “conformación de una
mesa de trabajo interinstitucional e inter- baja cobertura de protección social rea-
ministerial que desarrolle la elaboración,
seguimiento y monitoreo del plan de ac-
ción hacia la inclusión de las personas
con discapacidad en la seguridad social”.
Las acciones contempladas en dicha hoja
de ruta son: el registro de personas con
discapacidad; la unificación del instru-
mento de evaluación y certificación de la
discapacidad; y el establecimiento de re-
comendaciones para fomentar el empleo
formal para las Personas con Discapaci-
dad, para la reforma del sistema contri-
butivo de pensiones y para la ampliación
del pilar no contributivo de pensiones.
El actual sistema de protección social de
El Salvador, que incluye el sistema previ-
sional, y que fue analizado en este Con-
greso, “se caracteriza por un bajo nivel
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de escolaridad de las personas con disca-
pacidad, lo que conlleva —según recoge
la propia nota conceptual— un menor
acceso a empleos formales bien remune-
rados para casi la totalidad de las perso-
nas con discapacidad y una amplia parti-
cipación en actividades informales
acompañada de mayor inactividad y, por
ende, un alto grado de invisibilización de
la población con discapacidad. Así mis-
mo, durante la vejez se evidencia un ínfi-
mo acceso a pensiones contributivas. La
firma el círculo de pobreza y discapaci-
dad”, según se recoge en el texto.
“Como hallazgos colaterales a la ausencia
de seguridad social, se evidencian: la falta
de información y registro que permita la
cualificación de personas con discapaci-
dad; estadísticas muy débiles respecto a
población con discapacidad; falta de co-
bertura en el acceso a salud y rehabilita-
ción; serias dificultades de acceso a la
educación formal y a la formación técnica;
escasas oportunidades de acceso a un tra-
bajo digno; utilización de diversos bare-
mos para la evaluación y certificación de la
discapacidad y falta de un ingreso econó-
mico seguro”. Éste es el estado actual que
enuncia la propia nota conceptual resul-
tante de este congreso y que se pretende
atajar con la hoja de ruta planteada.