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Con Francisco J. Reverte*
firmpaor
Piezas que
encajan
H ace poco más de dos décadas, los discapacitados actuaban como las partidas de
guerrilleros españoles cuando la invasión napoleónica.
Se escondían. Luchaban sin coordinación. Ganaban pequeñas batallas, pero no
afrontaban los grandes retos a cara descubierta.Vivían de forma clandestina.
Aislada.
De hecho, pocos españoles sabían que era un discapacitado, menos habían visto uno cara a cara.
Casi nadie, ni siquiera los mismos afectados reivindicaban sus derechos y necesidades, ya no como
discapacitados, sino como seres humanos.Aun así el sector, tras muchas luchas, logro que se le
escuchara.
En 1982, la primera Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI) cambió
radicalmente la situación de muchas de estas personas. Se reservaba un 2% de la oferta
pública de trabajo para personas con discapacidad, se consideraba la necesidad de establecer
prestaciones económicas para este colectivo, y se regulaban las bases para la obtención de
un certificado minusvalía igual para todas las autonomías españolas.
Han tenido que pasar 20 años más para que un Gobierno entienda que esa ley de bases
lleva mucho tiempo superada.Y ha sido un gobierno que no luce un “s” de social
en sus siglas, pero que defiende la integración, la convivencia y el bienestar social por encima
de todo.
Es curioso, fue un partido de centro quién legalizó el partido comunista. Un partido de
centro quién aprobó una ley para los discapacitados. Ahora, dos décadas más tarde, otro
partido de centro plasma las aspiraciones y las reivindicaciones estructurales de un
9 por ciento de la sociedad. Por fin, un gobierno de centro legaliza a los discapacitados, tras
dos décadas olvidados bajo el perfume de los claveles bermellones.
La Ley de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación de las Personas con
Discapacidad es, más que un paso, un gran salto hacia delante. Por fin, se obligará a que
cualquier edificio cumpla con la normativa básica de eliminación de barreras. Por fin,
se establecerán unas condiciones básicas de accesibilidad.
Hasta ahora, han sido las comunidades autónomas las que han liderado las políticas sociales
para personas con discapacidad. Normas limitadoras geográficamente. Desigualadoras.
Pero, la aprobación del proyecto de ley de Protección Patrimonial de Personas con
Discapacidad, la densa del patrimonio especialmente protegido y, sobre todo, medidas como el
contrato de alimentos permitirá que todos los españoles con alguna discapacidad sean iguales.
Eso es democracia.
Ante esta valiente decisión, se han alzado algunas voces discrepantes. No les parecen
normas oportunas. No les parece el momento oportuno. No consideran oportuno que
alguien les tome la delantera en materia social. No admiten que sea oportuno que las
personas con discapacidad tengan los mismos derechos en todo el territorio nacional, quizá
porque ellos aún no han hecho nada por este colectivo.
Por supuesto que son leyes oportunas.Tanto como lo fue el Estatuto de las Personas con
Discapacidad de la Comunidad Valenciana, única ley autonómica de España en esta materia; o
la propia LISMI, anteriormente mencionada. Pero a muchos partidos no se lo parecen.
Yo soy discapacitado. Ojalá hubiera tenido las oportunidades que tengo ahora hace veinte
años. Ojalá ustedes comprendieran que llevamos veinte años llenos de días oportunos.
La política es como un puzzle en el que sólo hay que aprender a encajar las piezas.Y hasta
hace unas semanas, nos faltaban dos de las centrales.
* Francisco J. Reverte es secretario autonómico de Prestaciones Sociosanitarias de la Consejería de
Bienestar Social de la Generalitat Valenciana
66 MinusVal
firmpaor
Piezas que
encajan
H ace poco más de dos décadas, los discapacitados actuaban como las partidas de
guerrilleros españoles cuando la invasión napoleónica.
Se escondían. Luchaban sin coordinación. Ganaban pequeñas batallas, pero no
afrontaban los grandes retos a cara descubierta.Vivían de forma clandestina.
Aislada.
De hecho, pocos españoles sabían que era un discapacitado, menos habían visto uno cara a cara.
Casi nadie, ni siquiera los mismos afectados reivindicaban sus derechos y necesidades, ya no como
discapacitados, sino como seres humanos.Aun así el sector, tras muchas luchas, logro que se le
escuchara.
En 1982, la primera Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI) cambió
radicalmente la situación de muchas de estas personas. Se reservaba un 2% de la oferta
pública de trabajo para personas con discapacidad, se consideraba la necesidad de establecer
prestaciones económicas para este colectivo, y se regulaban las bases para la obtención de
un certificado minusvalía igual para todas las autonomías españolas.
Han tenido que pasar 20 años más para que un Gobierno entienda que esa ley de bases
lleva mucho tiempo superada.Y ha sido un gobierno que no luce un “s” de social
en sus siglas, pero que defiende la integración, la convivencia y el bienestar social por encima
de todo.
Es curioso, fue un partido de centro quién legalizó el partido comunista. Un partido de
centro quién aprobó una ley para los discapacitados. Ahora, dos décadas más tarde, otro
partido de centro plasma las aspiraciones y las reivindicaciones estructurales de un
9 por ciento de la sociedad. Por fin, un gobierno de centro legaliza a los discapacitados, tras
dos décadas olvidados bajo el perfume de los claveles bermellones.
La Ley de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación de las Personas con
Discapacidad es, más que un paso, un gran salto hacia delante. Por fin, se obligará a que
cualquier edificio cumpla con la normativa básica de eliminación de barreras. Por fin,
se establecerán unas condiciones básicas de accesibilidad.
Hasta ahora, han sido las comunidades autónomas las que han liderado las políticas sociales
para personas con discapacidad. Normas limitadoras geográficamente. Desigualadoras.
Pero, la aprobación del proyecto de ley de Protección Patrimonial de Personas con
Discapacidad, la densa del patrimonio especialmente protegido y, sobre todo, medidas como el
contrato de alimentos permitirá que todos los españoles con alguna discapacidad sean iguales.
Eso es democracia.
Ante esta valiente decisión, se han alzado algunas voces discrepantes. No les parecen
normas oportunas. No les parece el momento oportuno. No consideran oportuno que
alguien les tome la delantera en materia social. No admiten que sea oportuno que las
personas con discapacidad tengan los mismos derechos en todo el territorio nacional, quizá
porque ellos aún no han hecho nada por este colectivo.
Por supuesto que son leyes oportunas.Tanto como lo fue el Estatuto de las Personas con
Discapacidad de la Comunidad Valenciana, única ley autonómica de España en esta materia; o
la propia LISMI, anteriormente mencionada. Pero a muchos partidos no se lo parecen.
Yo soy discapacitado. Ojalá hubiera tenido las oportunidades que tengo ahora hace veinte
años. Ojalá ustedes comprendieran que llevamos veinte años llenos de días oportunos.
La política es como un puzzle en el que sólo hay que aprender a encajar las piezas.Y hasta
hace unas semanas, nos faltaban dos de las centrales.
* Francisco J. Reverte es secretario autonómico de Prestaciones Sociosanitarias de la Consejería de
Bienestar Social de la Generalitat Valenciana
66 MinusVal
