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A Fondo LAS POLÍTICAS SOCIALES, PRINCIPAL EJE DE ACCIÓN DEL GOBIERNO
inmigrantes que llegan a Canarias,
dirigidas a la atención sociosanita-
ria de los inmigrantes y a facilitar
los traslados a la península y su
acogida temporal; subvenciones por
valor de 4 millones de euros para la
inserción sociolaboral de los traba-
jadores migrantes; y ayudas por
valor de 16.523.665 euros para la
atención de los inmigrantes en
Canarias, Andalucía, Ceuta y
Melilla.
El proyecto estrella del Gobierno
en 2006-2007 fue la aprobación
del Plan Estratégico de Ciudadanía
e Integración 2006-2009, con un
presupuesto de 2.000 millones de
euros y cuyos objetivos son la cohe-
sión social y la igualdad de oportu-
nidades. Este Plan, que ha sido
resultado de un largo proceso de
consulta social, responde al com-
promiso del Ejecutivo con las políti- voluntad del Ejecutivo y de la socie- de Valoración Integral Forense o el
cas de integración de los inmigran-
tes y como tal fue anunciado por el
Presidente del Gobierno en el últi-
mo debate del Estado de la Nación.
En Emigración, el año 2006 ha
marcado un hito para el colectivo
de españoles que residen fuera de
España, al aprobar el Gobierno el
Estatuto de la Ciudadanía Española
en el Exterior. El reconocimiento de
los derechos y deberes constitucio-
nales de los españoles residentes
fuera de España ha sido una reali-
dad con este Estatuto, texto legal
que por primera vez va a garantizar
que estos españoles puedan ejer-
cerlos en igualdad de condiciones
que los residentes españoles.
Un detalle significativo de la pre-
ocupación del Gobierno por la
situación de los emigrantes españo-
les es el aumento del presupuesto
destinado a pensiones asistencia-
les, que en 2006 se ha incremen-
tando en un 65% y ha afectado a
cerca de 50.000 beneficiarios.
24 Sesenta y más
La Ley Orgánica de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia
de Género, primera Ley de la
Legislatura, votada unánimemente por
el Congreso
UNA LEY CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO, PIONERA EN EUROPA
El primer Proyecto de Ley aproba-
do por el Consejo de Ministros y la
primera Ley de la Legislatura, que
además contó con la unanimidad
del Congreso, fue la Ley Orgánica de
Medidas de Protección Integral con-
tra la Violencia de Género, la prime- ación del registro central para la
ra ley europea de sus característi-
cas. Es la principal muestra de la
dad española de afrontar seriamen-
te esa lacra social de manera con-
tundente.
Con carácter previo a la tramita-
ción de la Ley, el Gobierno empren-
dió inmediatamente un Plan de
Medidas Urgentes para la Preven-
ción de la Violencia de Género para
incrementar los medios y reforzar la
cooperación entre policía, jueces y
Administraciones Públicas. Entre
ellas, la implantación de un servicio urgentes y un plan nacional de sen-
de teleasistencia que permite que
las mujeres en riesgo de sufrir vio-
lencia de género puedan entrar en
contacto durante 24 horas al día con
un Centro de Atención preparado
para dar una respuesta adecuada.
Entre las medidas tomadas por el
Gobierno para el desarrollo de la
Ley, además de la creación de la
Delegación Especial del Gobierno
contra la Violencia sobre la Mujer,
destacan: la implantación de proto-
colos para garantizar la eficacia del intensificando los mecanismos de
sistema de protección derivado del
Servicio de Teleasistencia; la crea-
ción de 19 juzgados especializados
y 519 compatibles y el nombra-
miento de 50 fiscales delegados y
un Fiscal de Sala contra la Violen-
cia sobre la Mujer; la constitución
de un Fondo de 10 millones de
euros, para la puesta en práctica de
la asistencia social integral; la cre-
protección de las víctimas de vio-
lencia doméstica y de las unidades
establecimiento de ayudas econó-
micas para las víctimas de la vio-
lencia de género con especial difi-
cultad para encontrar empleo. Para
contribuir a financiar estas accio-
nes la actual Ley de Presupuestos
incrementa los recursos en un
64%, hasta alcanzar 17 millones
de euros.
Recientemente, el Gobierno ha
aprobado un catálogo de medidas
sibilización y protección, previstos
en la Ley Integral, con una inversión
de casi 50.000 millones de euros.
El plan de sensibilización se desa-
rrollará en dos años y acomete un
cambio de modelo social que pro-
fundiza en el derecho de ciudadanía
de las mujeres. Con el catálogo de
medidas urgentes se refuerzan algu-
nas actuaciones ya en curso para
garantizar la protección a las vícti-
mas, incentivándolas a denunciar e
protección y coordinación.