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pueda darle un excelente cuidado. También lo hacemos para
reconocer esa deuda histórica que tenemos con tantas mujeres
que han venido haciendo esta tarea sin ningún tipo de
reconocimiento. Han realizado un trabajo no remunerado,
invisible y ahora hay que reconocerlo. El Informe de mayores
pone en evidencia que el 83% de los cuidadores son mujeres y
la media de edad es de 53 años. Son personas que no han tenido
otro tipo de trabajo porque se han dedicado todo el tiempo en
exclusiva al cuidado de esa persona mayor.
¿Va a poder elegir la persona dependiente el tipo de
prestación que le ayude a conseguir una mayor
autonomía personal?
Nosotros buscamos un equilibrio entre la capacidad de elegir
y los recursos del Sistema. El punto de encuentro es el plan
individual de atención, donde la persona y su familia, junto con
los servicios sociales, van a
erfectamente estudiar las soluciones más
adecuadas. Si podemos
dar nuestro Sistema elegir colegio y médico,
¿cómo no vamos a tener mecanismos que son fundamentales.
capacidad de elección en
este aspecto también? Pero
todo ello, aunando
eficiencia y capacidad de
elegir. Tenemos que buscar ese punto de equilibrio, como he
dicho en el plan individual de atención.
¿Se va a garantizar el acceso de los beneficiaros a las
prestaciones en condiciones de igualdad, con
independencia de la comunidad autónoma de residencia
o si viven en un medio urbano o rural?
Va a haber igualdad en el acceso a los servicios y prestaciones.
Todos van a tener el mismo derecho garantizado por igual. Pero
de la misma manera que una persona que vive en el medio rural
y necesita operarse de apendicitis tiene que ir a su hospital allí
donde esté, los centros de día también van a permitir, con
transporte adaptado, que una persona acuda a sus dependencias
donde esté y permanecer en su domicilio. La respuesta del
sistema es igual para todos los ciudadanos, independientemente,
que viva en una gran ciudad o en un pueblo.
¿Cómo se va a financiar el Sistema Nacional de
Dependencia?
Se va a financiar fundamentalmente por las Administraciones
Públicas. Del coste nuevo la mitad le corresponde a la
Administración General del Estado y la otra mitad a las
Comunidades Autónomas. Se trata de una financiación cooperativa
entre las Administraciones Públicas, a través de convenios, en los
cuales se garantiza por parte de la Administración General del
Estado el derecho de todos los ciudadanos a recibir atención en
una situación de dependencia y se mejoran los servicios
imprescindibles. Habrá una aportación de los beneficiarios en
función de su capacidad económica. Esa aportación será justa,
equilibrada y progresiva. Se trata de tener una financiación
suficiente para garantizar el derecho a todos los ciudadanos,
estable para que el sistema tenga un funcionamiento para
todos, independientemente, de cuánto vayan creciendo las
necesidades del sistema y, desde luego, sostenible porque los
expertos nos anticipan que el envejecimiento del envejecimiento
va a requerir importantes recursos para sostener el Sistema.
Una inversión tan importante como ésta ¿va a suponer
una subida de impuestos?
Este es un derecho universal, por lo tanto para todos. Esta ley,
este derecho y este sistema da un paso adelante importantísimo.
Ahora, a uno le atienden si se puede. A partir del año 2007, en
función del calendario de aplicación, se atenderá a todas las
personas dependientes y en condiciones de igualdad y de
calidad. Es un esfuerzo enorme, porque hay que pasar del 0,3 del
Producto Interior Bruto que es lo que se está gastando hoy,
hasta un punto del PIB. El trecho que tenemos que recorrer es
muy amplio y lo tenemos que recorrer para garantizar atención
a todos, en las condiciones que dice la Ley, es decir, con unos
servicios y unas prestaciones de calidad. Para el Gobierno esta
Ley es una prioridad y lo demuestra en sus inversiones y
aprovecha que está creciendo económicamente para invertir en
más protección social. Se va a financiar de la manera más
generosa y equitativa por la aportación de los beneficiarios, pero
por la vía de los presupuestos, sin elevar los impuestos. El
Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo IRPF y ahí se ve que
se bajan los impuestos y se contemplan los dos compromisos
que nosotros ya habíamos anticipado en nuestro Anteproyecto
de Ley: la bonificación fiscal para la dependencia y la mejora de
los seguros de dependencia. Ahí están contenidos los dos
¿Y por qué dice que se va a financiar de una manera
generosa?
La dependencia está solo atendida por los países más
desarrollados del mundo y por los que tienen mayores niveles de
protección social y la financian de dos maneras: los nórdicos, que
lo hacen por la vía de los impuestos y la coparticipación de los
beneficiarios, y los países centroeuropeos, que la financian a
través de los impuestos, las cotizaciones y la participación de los
beneficiarios. Nosotros hemos elegido el modelo nórdico, que es
el modelo más generoso.
¿Se va a incrementar la actividad económica con esta
Ley de Dependencia?
Debe quedar muy claro que nosotros afrontamos este reto
dentro de nuestros objetivos de mejorar la protección social.
Pero este gasto tiene retornos laborales y económicos de
primer orden. Según el Gabinete de Estudios Económicos de la
FEDEA, el impacto en nuestra economía será de un 0,28% del
PIB (se prevé la creación de 300.000 empleos). Por lo tanto, tiene
un impacto muy positivo, no sólo en cuanto a los puestos de
trabajo, al aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social, más
capacidad de gasto de consumo de las familias, sino también
porque aquí hay que tener en cuenta lo que significa inversión en
centros de días, residencias, I+D+I. Hay un valor añadido en
términos sociales, económicos y laborales. Las oportunidades
para el sector privado tanto sociosanitarios como de seguros,
son importantísimas, porque a partir de ahora la gente va a
contratar seguros privados de dependencia y, además, hay
aseguradoras que van a ser prestadoras de servicios.
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