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los mayores esfuerzos para atender sus demandas, a las consenso en su futura tramitación
que en la actualidad no pueden dar respuesta parlamentaria.
satisfactoria. Y, por supuesto, es nuestra intención
recoger las reflexiones, opiniones y puntos de vista del Éste es un objetivo de país. Por ello, la
sector privado sociosanitario y asegurador. Además, financiación debe ser compartida entre
nuestro objetivo es que esta ley obtenga el máximo la Administración General del Estado, las
Comunidades Autónomas y las
corporaciones locales, pero también
tenemos que contar con la participación
de los beneficiarios del sistema que, de
forma equilibrada y justa, contribuirán
en función de sus rentas y patrimonio.
No debemos temer posibles
consecuencias de esta apuesta social y
ética, y no debemos entender este
esfuerzo económico como un gasto, sino
como una inversión. Hay que tener en
cuenta que el desarrollo de la
infraestructura de servicios para la
dependencia producirá importantes
retornos económicos. Según el Libro
Blanco de la Dependencia, la puesta en
marcha del sistema generaría, en ocho
años, unos 300.000 puestos de trabajo.
Además, el ahorro en gasto sanitario y
farmacéutico, el incremento de cuotas de
Seguridad Social, los ingresos procedentes
de IVA y del Impuesto de Sociedades o el
incremento de la recaudación por I.R.P.F.
contribuirán también a la dinamización de
la economía.
En definitiva, la puesta en marcha de la
ley de promoción de la vida autónoma y
atención a las personas en situación de
dependencia, en definitiva, supondrá
ampliar la cobertura de atención hasta
los niveles que reclaman los ciudadanos de este país. Y
ello significa un gran esfuerzo. Un esfuerzo que debemos
abordar entre todos. Porque va a ser un logro, de todos,
configurar en nuestro país el cuarto pilar del Estado del
bienestar.
MinusVal 5
que en la actualidad no pueden dar respuesta parlamentaria.
satisfactoria. Y, por supuesto, es nuestra intención
recoger las reflexiones, opiniones y puntos de vista del Éste es un objetivo de país. Por ello, la
sector privado sociosanitario y asegurador. Además, financiación debe ser compartida entre
nuestro objetivo es que esta ley obtenga el máximo la Administración General del Estado, las
Comunidades Autónomas y las
corporaciones locales, pero también
tenemos que contar con la participación
de los beneficiarios del sistema que, de
forma equilibrada y justa, contribuirán
en función de sus rentas y patrimonio.
No debemos temer posibles
consecuencias de esta apuesta social y
ética, y no debemos entender este
esfuerzo económico como un gasto, sino
como una inversión. Hay que tener en
cuenta que el desarrollo de la
infraestructura de servicios para la
dependencia producirá importantes
retornos económicos. Según el Libro
Blanco de la Dependencia, la puesta en
marcha del sistema generaría, en ocho
años, unos 300.000 puestos de trabajo.
Además, el ahorro en gasto sanitario y
farmacéutico, el incremento de cuotas de
Seguridad Social, los ingresos procedentes
de IVA y del Impuesto de Sociedades o el
incremento de la recaudación por I.R.P.F.
contribuirán también a la dinamización de
la economía.
En definitiva, la puesta en marcha de la
ley de promoción de la vida autónoma y
atención a las personas en situación de
dependencia, en definitiva, supondrá
ampliar la cobertura de atención hasta
los niveles que reclaman los ciudadanos de este país. Y
ello significa un gran esfuerzo. Un esfuerzo que debemos
abordar entre todos. Porque va a ser un logro, de todos,
configurar en nuestro país el cuarto pilar del Estado del
bienestar.
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