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VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA
EN LA DISCAPACIDAD Y EN NIÑOS Y NIÑAS
año antes. Al finalizar 2018, había
250.000 personas valoradas con
algún grado de dependencia en
lista de espera (19,2% del total).
Aunque este limbo se redujo en
2018 en 60.000 personas, a este
ritmo se tardarían más de tres
años en atender la actual lista de
espera. Resulta lacerante que cua-
tro de cada diez personas desa-
tendidas (40%) son dependientes
con grados II o III (Dependientes
Severos y Grandes Dependien-
tes); casi 100.000 personas.
Se han creado 247.114 empleos
directos y un 40% de retornos di-
rectos; la Administración General
del Estado sólo aporta el 20% del
gasto público; contrariamente a la
lógica no se han recuperado dere-
chos y se mantienen los recortes
del año 2012 y en escala de valo-
ración por Comunidades Autóno-
mas, se constata que hay Comu-
nidades con atención plena como
20 60 y más • mayo 2019
Jesús Celada, director general de Políticas de Discapacidad del
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social destacó
que las personas con discapacidad gozan de derechos y disfrute
en su vida y señaló la importancia del RD 1971 del año 99 que
establece la valoración de la discapacidad no sólo a nivel físico
sino relacionándola con factores ambientales.
La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la
Discapacidad y de la Salud, CIF, y la EDAF, establecen un
número parecido de personas con discapacidad; la primera
las cifra en 3,38 millones de personas con discapacidad y la
segunda en 3,8 millones de personas con discapacidad. Uno
de cada cinco hogares tiene una persona con discapacidad.
A las personas con discapacidad les preocupa la formación
y el empleo. Están representados en el Comité Español
de Representantes de Personas con Discapacidad, Cermi,
que aglutina a 8.000 entidades. Desde el punto de vista
institucional, de la discapacidad, se preocupa y ocupa la
Dirección General de la Discapacidad, El Real Patronato de la
Discapacidad, el Imserso con los Centros del Referencia que
dependen de este Instituto y por supuesto el Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
En cuanto a los retos como Administración y colectivos
se encuentran el porqué no reducir el porcentaje de la
discapacidad del 33% al 25%; la asociación del reconocimiento
de la discapacidad con la dependencia y el reconocimiento
automático de la discapacidad en base al diagnóstico.
Adelaida Echevarría, psicóloga, coordinadora de los equipos de
atención temprana de Cantabria se refirió en su intervención a
que la Ley de Dependencia no fue pensada para los niños y las
niñas.
La ponente aludió a los problemas diciendo que hay una
sociedad que no puede ser equitativa, a no ser que todos
los niños estén incluidos. Hay que hacer leyes para todas las
personas; hay que tener un conocimiento de la infancia y de la
discapacidad; hay que saber sobre la repercusión familiar y la
protección de la dependencia en el plano internacional.
En cuanto al sistema actual, la ponente indicó que el Plan
de Atención Integral se ha acoplado a la atención temprana.
Destacando que esta última tiene que ser prevención primaria,
sabiendo que entre un 3% y 4% van a tener una discapacidad.
Por otra parte, habría que eliminar los trámites burocráticos en
el momento en que los padres se enfrentan a este problema, ya
que se encuentran en una situación muy vulnerable.
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